Ambos encuentros han permitido compartir las conclusiones del último informe del OREVE y profundizar en propuestas que ambas organizaciones consideran necesarias para avanzar en la descarbonización del parque residencial español. 

Durante las reuniones, el OREVE y el CGATE trasladaron que la actualización de las instalaciones eléctricas es un elemento crítico para acompañar la transición energética de las viviendas mediante la electrificación. Los portavoces insistieron en que los nuevos usos energéticos en el hogar, desde la climatización eficiente hasta la movilidad eléctrica, el autoconsumo, el ocio o el teletrabajo, necesitan de garantías y seguridad. Según el informe del OREVE presentado este año, elaborado junto al CGATE, el 60% de las viviendas rehabilitadas necesitaban actualizar su instalación eléctrica, pero solo un tercio de los propietarios mostraba una disposición inicial a invertir en ello. Asimismo, ocho de cada diez rehabilitaciones no se abordan con criterios de descarbonización y se centran en actuaciones estéticas o funcionales. 

Las autoridades del MITERD manifestaron su interés en disponer de datos reales y representativos sobre el estado del parque de instalaciones eléctricas en España, una necesidad compartida por el MIVAU y clave para el diseño de futuras políticas energéticas y descarbonización. En este sentido, el OREVE avanzó que está trabajando en una propuesta para desarrollar un diagnóstico de ámbito estatal que permita evaluar el estado de las instalaciones eléctricas en las viviendas españolas y, cuyo resultado, facilitará el conocimiento de la capacidad del sector residencial ante el reto de los objetivos de descarbonización. 

Tanto el OREVE como el CGATE subrayaron la importancia de integrar la actualización de la instalación eléctrica en las políticas públicas de rehabilitación y los programas de ayudas, dada su relevancia para garantizar viviendas seguras, más eficientes y adaptadas a los nuevos consumos energéticos. Asimismo, recordaron que el coste medio de esta actuación suele representar entre un 10% y un 11% del presupuesto de una rehabilitación integral, y que sin ella no es posible asegurar una transición energética completa en la vivienda. 

Las reuniones concluyeron con el compromiso de seguir colaborando para impulsar una agenda común que permita transformar el modelo de rehabilitación, reforzar la seguridad y eficiencia del parque residencial y avanzar para dar respuesta a los objetivos de descarbonización.