La Federació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya (FEGICAT) ha presentado al Departamento de la Presidencia sus alegaciones al Anteproyecto de ley de simplificación de trámites en el ámbito urbanístico y ambiental, sometido a información pública hasta el 30 de septiembre. La Federación valora positivamente la orientación general de la norma —plazos tasados y silencio positivo en los informes sectoriales, tramitación simultánea de la licencia de obras y de la ambiental, y la creación del Observatorio público de licencias—, pero advierte de que la simplificación no será efectiva si no se corrige el problema estructural que la propia exposición de motivos reconoce: la dispersión de criterios y de documentación exigida por cada ayuntamiento.

FEGICAT lo ilustra con la asimetría que las empresas instaladoras viven cada día. Cuando una misma actuación —una instalación solar de autoconsumo, un punto de recarga o una instalación térmica— se tramita por la vía de la seguridad industrial, la Generalitat la resuelve mediante declaración responsable, con modelos normalizados únicos para toda Cataluña, presentación telemática por Canal Empresa y efectos inmediatos. Cuando la misma actuación llega a la ventanilla municipal, topa con regímenes de intervención que varían según el municipio, documentación heterogénea y requerimientos sucesivos que alargan la tramitación de manera improductiva.

La magnitud del fenómeno no es menor. Según el Observatorio del autoconsumo del ICAEN, Cataluña cerró 2025 con 138.419 instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en servicio, tras un año en el que se pusieron en marcha 14.873 nuevas, más de cuarenta cada día. El 85,8% son instalaciones domésticas de pequeña potencia: actuaciones técnicamente homogéneas y repetitivas, en las que la dispersión documental municipal tiene el mayor coste agregado para la ciudadanía, las empresas y las propias administraciones locales. Además, el grueso de la actividad de las empresas instaladoras —las actuaciones sujetas a comunicación previa— queda fuera de las mejoras de plazos que incorpora el texto.

Ocho alegaciones de mínima intervención sobre el texto

Las ocho alegaciones de FEGICAT recaen únicamente sobre artículos que el Anteproyecto ya modifica o añade, de manera que incorporarlas no altera ni la estructura ni el calendario de la iniciativa legislativa. En síntesis, la Federación propone:

1. Un estándar documental único vinculante en las licencias urbanísticas y las comunicaciones previas, con modelos normalizados aprobados por la Generalitat y disponibles en la Ventanilla Única Empresarial (FUE), que las ordenanzas y prácticas locales no puedan ampliar.
   
   
2. La participación de las organizaciones representativas de los sectores afectados y de los entes locales en la elaboración y actualización de estos modelos normalizados.
   
   
3. Convenios de tramitación asistida y verificación formal de completitud en el marco de la FUE, con presunción de completitud de la documentación verificada y aplicación del principio de dato único.
   
   
4. Una definición legal del concepto de afectación estructural, para que la instalación de equipos en cubiertas y fachadas sin refuerzo de elementos portantes se tramite por comunicación previa en todo el territorio.
   
   
5. Garantías de equilibrio en el nuevo sistema de certificación: certificado de idoneidad técnica solo para supuestos tasados, igualdad efectiva entre entidades colaboradoras y colegios profesionales, régimen de incompatibilidades y transparencia de honorarios.
   
   
6. Un requerimiento único integrado, formulado dentro de los diez días siguientes a la presentación, sin requerimientos sucesivos por defectos ya apreciables en la primera revisión.
   
   
7. La tramitación electrónica de licencias y comunicaciones por la FUE y Canal Empresa, con un calendario de interoperabilidad para los ayuntamientos y un Observatorio público de licencias con indicadores que permitan medir la eficacia real de la ley.
   
   
8. Seguridad jurídica en el nuevo régimen de responsabilidad técnica, reservando la infracción a los casos de dolo o negligencia grave e inexcusable.

El modelo ya existe y lo ha implantado la propia Generalitat

El director general de FEGICAT, Raúl Rodríguez, ha subrayado que «no pedimos rebajar ninguna garantía: pedimos extender al ámbito municipal el modelo de estandarización con responsabilidad técnica y control posterior que la propia Generalitat ya aplica con éxito en la seguridad industrial». Rodríguez ha añadido que «la simplificación será real el día en que una misma instalación exija los mismos papeles en cualquier municipio de Cataluña».

Por su parte, el presidente de FEGICAT, Èric Martí, ha remarcado que «el sector instalador es quien ejecuta la transición energética en los edificios: cada mes de espera por un trámite municipal es un mes de retraso para las familias y las empresas que quieren invertir en energía limpia».

FEGICAT ha trasladado al Departamento de la Presidencia su plena disposición a colaborar en el despliegue de la ley, singularmente en la elaboración de los modelos normalizados y las listas de verificación, aportando el conocimiento técnico y operativo del sector instalador y su implantación territorial en el conjunto de Cataluña.