Este decreto, aprobado inicialmente tras el apagón masivo de abril de 2025, perseguía garantizar la resiliencia del sistema eléctrico catalán mediante la aceleración del despliegue de infraestructuras críticas, especialmente de almacenamiento mediante baterías.

Una de las principales novedades del decreto consistía en declarar formalmente como de interés público superior a las instalaciones renovables y de almacenamiento, equiparándolas en importancia a otras infraestructuras básicas para la sociedad, como carreteras o hospitales. 

Esto permitía agilizar notablemente los procesos administrativos y reducir significativamente las barreras urbanísticas que, hasta la fecha, ralentizaban los proyectos. Adicionalmente, el decreto regulaba con precisión la instalación de sistemas de almacenamiento tanto en modalidad independiente (stand-alone) como hibridada con instalaciones renovables existentes, aclarando procedimientos y eliminando duplicidades administrativas.

Actualmente, en Cataluña existen 94 proyectos de baterías en fase de tramitación bajo competencia autonómica: 87 independientes que suman más de 920 MW y 7 hibridados con renovables que alcanzan casi 22 MW adicionales. La ausencia de una regulación clara coloca en situación vulnerable esta importante capacidad proyectada, retrasando o incluso poniendo en riesgo inversiones valoradas en cerca de 600 millones de euros. Esta incertidumbre tiene efectos multiplicadores, afectando también proyectos bajo regulación estatal y generando un entorno adverso que desincentiva futuras inversiones.

La caída de los precios energéticos en los primeros meses de 2025 ha añadido presión sobre los inversores y el sector financiero, provocando que hasta ahora más de 70 proyectos renovables que representan alrededor de 800 MW hayan abandonado sus autorizaciones por imposibilidad de transferencia. 

El decreto eliminaba precisamente esa limitación, permitiendo transferencias de proyectos renovables autorizados, facilitando su continuidad mediante inversores con diferentes perfiles de riesgo y rentabilidad. Desde un punto de vista urbanístico, el decreto ofrecía importantes avances al permitir la instalación directa de baterías y renovables en suelos industriales o logísticos sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico vigente, agilizando enormemente la ejecución de nuevos proyectos en zonas ya destinadas previamente a actividades económicas. Esta medida es crucial para acelerar la transición energética, reduciendo conflictos sociales relacionados con la ocupación de suelo agrícola o natural. Ante la retirada del decreto, Cataluña enfrenta ahora un serio desafío técnico. El almacenamiento energético no es simplemente un complemento, sino una condición indispensable para avanzar en un sistema eléctrico basado en fuentes renovables. 

La intermitencia de la generación solar y eólica solo puede ser gestionada eficientemente con una adecuada capacidad de almacenamiento, fundamental para garantizar estabilidad, seguridad energética y competitividad económica. Sin un marco normativo claro, los proyectos de almacenamiento quedarán bloqueados en trámites burocráticos interminables, generando una potencial parálisis que impactará negativamente en la resiliencia del sistema eléctrico catalán.

Desde ACTECIR consideramos urgente retomar el espíritu del decreto derogado con las mejoras necesarias para lograr un consenso social y político amplio. Proponemos concretamente:

• Recuperar inmediatamente la declaración formal del almacenamiento energético y las renovables como infraestructuras de interés público superior, facilitando así su tramitación y ejecución rápida.
• Desarrollar procedimientos claros y específicos para la tramitación administrativa tanto de baterías independientes como hibridadas, evitando duplicidades y reduciendo plazos.
• Fomentar la participación local y pública efectiva mediante un modelo claro que permita involucrar a comunidades y empresas locales en la propiedad o financiación de los proyectos.
• Permitir explícitamente la transferencia de proyectos autorizados para evitar desistimientos y garantizar la materialización efectiva de las inversiones previstas.
• Incorporar objetivos específicos de capacidad de almacenamiento en la planificación energética autonómica, aprovechando el impulso económico que supondrán los recientes 700 millones de euros aprobados por la Comisión Europea para proyectos en España.
• Impulsar un sistema eléctrico inteligente que aproveche al máximo el potencial del almacenamiento energético, asegurando estabilidad, flexibilidad y eficiencia.

La implementación rápida y decidida de estas medidas permitirá a Cataluña reactivar proyectos clave para la transición energética, fortaleciendo la resiliencia de su sistema eléctrico, garantizando seguridad en el suministro y manteniendo la competitividad del territorio a largo plazo.