La Confederación Nacional de Instaladores y Mantenedores, CNI, ha presentado alegaciones al proyecto de modificación del Real Decreto 36/2023, que regula el Sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE), con propuestas dirigidas a facilitar su aplicación práctica y favorecer que las actuaciones de menor tamaño puedan incorporarse al sistema en condiciones económicamente viables.
La experiencia acumulada desde la puesta en marcha de los CAE ha permitido avanzar en el reconocimiento económico del ahorro energético, pero también ha puesto de manifiesto dificultades prácticas que afectan especialmente a actuaciones pequeñas y medianas, donde los costes de documentación, gestión y verificación pueden reducir considerablemente el incentivo que finalmente recibe el propietario del ahorro.

“Los CAE pueden convertirse en una herramienta muy interesante para que empresas y ciudadanos recuperen parte de la inversión que realizan para mejorar la eficiencia energética de sus instalaciones. Pero para que ese incentivo llegue también a las pequeñas actuaciones necesitamos procedimientos sencillos, reglas claras y unos costes de gestión proporcionados al ahorro que se genera”, señala Luis Nevares, presidente de CNI.
Entre sus propuestas, CNI solicita que los nuevos criterios técnicos que publique el Coordinador Nacional tengan una fecha clara de aplicación y un régimen transitorio que proteja las actuaciones ya contratadas o iniciadas.
La Confederación propone también facilitar la agrupación de actuaciones estandarizadas homogéneas realizadas en distintas comunidades autónomas, manteniendo las competencias de validación de cada territorio. Para CNI, multiplicar expedientes y costes de gestión para actuaciones técnicamente idénticas puede dificultar el acceso al sistema de numerosas instalaciones de pequeño tamaño.
Más transparencia y menos cargas administrativas
CNI plantea reforzar la información pública sobre el valor de los ahorros mediante indicadores periódicos y agregados sobre precios, volúmenes y evolución de las operaciones. Una mayor transparencia permitiría al propietario conocer mejor el valor económico generado por su actuación y facilitaría a las empresas instaladoras explicar a sus clientes las posibilidades que ofrecen los CAE.
La Confederación solicita asimismo que la documentación exigida para las actuaciones estandarizadas sea proporcional al ahorro generado y que pueda reutilizarse información ya disponible en certificados, memorias técnicas, registros de instalaciones y otra documentación reglamentaria.
CNI considera también necesario delimitar con claridad las responsabilidades: la empresa instaladora debe responder de la correcta ejecución, puesta en servicio y documentación de la instalación dentro de sus obligaciones reglamentarias y contractuales, pero no de decisiones posteriores del propietario que puedan afectar a la medida durante toda su vida útil.

Contar con los sectores que ejecutan las actuaciones
CNI propone que las organizaciones empresariales representativas de los sectores afectados sean consultadas cuando se elaboren o modifiquen fichas del Catálogo CAE o criterios técnicos que afecten directamente a sus tecnologías.
Las empresas instaladoras conocen de primera mano la viabilidad técnica de las actuaciones, la documentación realmente disponible y las dificultades que pueden surgir al trasladar una ficha técnica a numerosas instalaciones reales. Incorporar esta experiencia puede contribuir a que las fichas sean más sencillas de aplicar y a reducir posteriores problemas de interpretación y tramitación.
Abrir los CAE a nuevas soluciones de ahorro energético
El Catálogo CAE debe abrirse también a nuevas soluciones de ahorro. CNI pone como ejemplo la protección y gestión solar, representada en la Confederación por ANEGS. Toldos, persianas, pérgolas, automatización y otros sistemas de control solar pueden reducir las ganancias térmicas de los edificios y las necesidades de refrigeración, pero actualmente no cuentan con una ficha estandarizada específica en el Catálogo CAE.
ANEGS trabaja en el desarrollo técnico para cuantificar estos ahorros y avanzar hacia su reconocimiento. Para CNI, cuando una tecnología genera ahorros energéticos medibles y verificables, el sistema debe disponer de mecanismos ágiles para estudiar su incorporación.



La Confederación plantea al Ministerio mayor seguridad jurídica, menos cargas administrativas, mayor transparencia y una participación más directa de los sectores que ejecutan las actuaciones de eficiencia energética